El Día del Trabajo de este año, prolongado en dos jornadas festivas, ha permitido quizás manifestaciones más numerosas en nuestro país, como en el resto del mundo, estando dedicada este año al problema de la inflación, una cuestión que afecta al poder adquisitivo de todos los asalariados. Como siempre, la unión de todos hace la fuerza.
Durante ocho años, dimos formación culinaria a aspirantes a trabajar en uno de los sectores más precarios: el servicio doméstico. Con mujeres llegadas de muchos países (la mayoría de Sudamérica), que buscaban y conseguían trabajo incluso sin los “papeles” que se lo autorizaban legalmente. Por ello formaban un colectivo de vida y condiciones precarias, caracterizado solo por conseguir el ansiado permiso de residencia, por aquello de vivir un poco mejor y poder cotizar.
El confinamiento de marzo de 2020 y sus rígidas restricciones del principio de la pandemia, incluyó el servicio de limpieza doméstica como una actividad esencial, pero había que demostrarlo con el contrato de trabajo. Eso provocó que cientos de miles de trabajadoras del servicio doméstico “sumergido” no pudieran salir a trabajar, y, por supuesto cobrar.
Pasaron los meses y la economía se fue recuperando, con los altibajos de los supuestos y ciertos contagios de covid, y sus incertidumbres. Pero para el servicio doméstico, incluso con contrato de trabajo, la precariedad era más evidente que en resto del mundo laboral: si una empleada de hogar se contagiaba de covid y lo demostraba con los tests correspondientes, lo normal era obtener su parte de baja, con lo que podría cobrar su salario como cualquier otro trabajador.
Pero si daba un posible falso negativo o convivía con contagiados incluso sin dar ella positivo, conseguir la baja era algo muy complicado, por no decir imposible. Eso suponía quedarse en casa, a expensas de cobrar o no, en función de la voluntad de pagar del empleador.
El doméstico sigue siendo un trabajo precario, sujeto a la decisión del empleador, que suele imponer sus horas de jornada, precio y otras condiciones. Al fin y al cabo, la actividad laboral se desarrolla en domicilios privados, lejos de la vigilancia de inspectores. Supongo que esta circunstancia se dará también en otros ámbitos del mundo del trabajo. Menos mal que la Ley 27/2011 de 1 de Agosto, reguló el alta de estas trabajadoras y legalizó su actividad. Otra cosa es que no se cumpla por los empleadores o que ellas mismas no quieran acogerse por otras razones. Pero las leyes están para cumplirlas, y en este caso beneficia a la mayoría.
Una asociación de empleadas de hogar está liderando la lucha por conseguir derechos como el cobro del paro o las vacaciones. Espero que poco a poco este colectivo vea cumplidas estas reivindicaciones que ya existen en otros sectores. Según Oxfam-Intermon, 1 de cada 3 empleadas de hogar es pobre.





