empleada de hogarMi pequeña experiencia como voluntaria formadora de inmigrantes me ha permitido acercarme al mundo de las jóvenes extranjeras que buscan trabajo en el servicio doméstico en España. Un mundo laboral que, a pesar de su reciente regulación –o intento- sigue sufriendo fuerte precariedad por lo difícil que es su control y seguimiento. Por supuesto, mi opinión es como observadora, empleadora también, sin profundizar en el fondo de la normativa en vigor.

Para empezar, el Real Decreto 29/2012 (Sistema Especial para Empleadas de Hogar), creo que llegó con muchísimo retraso, y además, en plena crisis económica. La normativa tenía el digno objetivo de regular y legalizar mediante contrato de trabajo tantas relaciones laborales que funcionaban como economía sumergida, estableciendo afiliación a la seguridad social con cuotas para empleador y empleado. Pero el momento era el menos indicado, pues con la pérdida de puestos de trabajo en muchas familias españolas, muchos trabajadores del servicio doméstico fueron despedidos y otros sufrieron importantes bajadas de salario. Evidentemente, este colectivo no tenía opción: o percibía  menos sueldo  –sin alta por supuesto- o no trabajaba. Cosas del mercado.

Por lo que he podido conocer, son muchas las jóvenes llegadas a España en busca de trabajo en casas particulares –internas o externas- procedentes de diversos países (sobre todo Sudamérica) para lo que algunas han tenido que dejar con su familia a sus hijos pequeños, produciéndose una auténtica crisis de cuidados en sus lugares de origen. Esto me parece patético en los años actuales.

Todos vamos conociendo a través de amigos, conocidos y por supuesto, de boca de estas jóvenes empleadas, que para muchas familias empleadoras la ley que regula el servicio doméstico simplemente no existe, a pesar de la obligación de dar de alta a sus empleadas, imponiendo el precio de la hora o de la jornada de trabajo. Creo que las leyes están para cumplirla. El resultado es un mercado de trabajo precario, sumergido y muy opaco.

No obstante, existe un colectivo de personas que acatan la ley, cumplen sus disposiciones y observan lo exigido en las retribuciones y jornadas laborales de estas mujeres. Pero por desgracia, se dan muchos casos de explotación descarada en este tipo de empleo.

También es cierto que muchas de estas mujeres que trabajan al servicio del hogar familiar –sobre todo españolas- se niegan en ocasiones a ser dadas de altas, aduciendo que perderían ayudas sociales. Entiendo su razonamiento, pero evidentemente, esta postura perjudica lo conseguido en favor del empleo doméstico y de la propia dignidad de la mujer trabajadora en su más humilde escalón.

Y por último, me gustaría expresar una queja, dirigida a aquellas mujeres poderosas con cargos en nuestras altas instituciones, muchas de ellas madres de familia que han tenido empleadas de hogar en sus casas, y que a mi entender no han puesto suficiente interés en sacar adelante una legislación laboral para estas trabajadoras. Todos sabemos que el servicio doméstico en España se rige por el poder demanda/oferta.

Chicas que trabajan sin dar de alta en seguridad social, tal como indica la nueva normativa, sin que se le respeten los horarios ni las funciones, ni las jornadas, conforman un colectivo especialmente vulnerable en sus derechos y obligaciones, y mucho más si no pueden ser contratadas por carecer de “papeles” o permiso de residencia.

Hay quien no se ha enterado todavía que el trabajo retribuido del hogar está sujeto a la ley, no al capricho o arbitrariedad de quien lo contrata.