A principios de este mes de agosto, en prensa y televisión apareció la noticia de que la UPA (Unión de Pequeños Agricultores) repartió gratis en Madrid frutas, hortalizas y patatas para protestar por los bajos precios pagados al agricultor. Fueron 12.000 kilos de productos de temporada los distribuidos, con el fin de denunciar ante la opinión pública el hundimiento de los precios que perciben los productores y los desmesurados márgenes comerciales que se dan hasta que llega al consumidor.

En este acto reivindicativo, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, exigió la aprobación de una ley “clara” que regule las condiciones de entrega, las normas de calidad así como el precio a percibir por los agricultores, con un mínimo para cubrir los costes de producción, como ya ocurre con los productos lácteos, y que se pretende llevar a otros segmentos de mercado como el del aceite de oliva, el vino, los cereales y la carne de cerdo.

Ampliando un poco esta información, he aprendido el significado de un índice: IPOD (Índice de Precios en origen y Destino de Alimentos), cuyo coeficiente es un claro indicador de la relación precio compra en campo/precio venta en mercado.

Los agricultores llevan toda la razón. Habría que regular de algún modo la agricultura para que las tres partes -trabajadores agropecuarios, compradores y distribuidores- sean remuneradas con criterios de justicia en coste, precio y beneficio, evitando los desequilibrios actuales, en los que determinados productos multiplican escandalosamente el precio de la tierra a la mesa. Además, están en peligro numerosos puestos de trabajo, caso de tener que clausurar explotaciones que ni siquiera cubren costes.

Como consumidora y defensora de los productos del campo, y sobre todo admiradora del impagable trabajo en la tierra, me indignan estos abusos cometidos por las grandes distribuidoras contra la parte más débil del circuito, el que produce con sus propias manos junto con la naturaleza, aportando aporta calidad y salud a nuestra dieta, ambas cosas en peligro actualmente. Parece que vivimos de espaldas al campo.

Además de la legislación apropiada por parte del gobierno, garante de los derechos del ciudadano, las distribuidoras deberían cambiar sus códigos de conducta y por tanto su responsabilidad social, en un sector tan básico. ¿Dónde hay que firmar?


Más información:
El acto de entrega de frutas y hortalizas se enmarca dentro de la campaña “Precios Justos para Nuestros Productos”, puesta en marcha por UPA en mayo de 2008 con el objetivo de denunciar las prácticas en la conformación de precios de estos productos.
http://www.preciosjustos.es/
Junto al reparto gratuito de patatas, frutas y hortalizas de temporada, UPA ha continuado su campaña de recogida de firmas, que tiene como objetivo final aglutinar medio millón de firmas con las que presentar una iniciativa legislativa popular en las Cortes que inste a los grupos parlamentarios a aprobar una Ley de Márgenes Comerciales y la implantación de Códigos de buenas prácticas, herramientas legales que solucionen un problema que afecta a agricultores, ganaderos y consumidores por igual, ya que mientras los primeros ven como los precios a los que se les pagan sus producciones no cubren en muchos casos los costes de producción, los segundos tienen que pagar cada vez más caros los alimentos que consumen.